La instancia conjunta, que reunió a las máximas autoridades de la zona, da el vamos a la aplicación de la Ley N.º 21.730. La estrategia se basará en un exhaustivo diagnóstico delictual aplicado a los 30 municipios del territorio para diseñar planes de acción urbanos y rurales.
Un hito clave en la descentralización y modernización de las estrategias contra la delincuencia se consolidó en la capital regional. En el marco de la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.730 —que crea el Ministerio de Seguridad Pública y establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública— se desarrolló la primera sesión conjunta del Consejo Regional de Seguridad Pública y del Consejo Regional de Prevención del Delito de Los Lagos.
La cita de alta relevancia interinstitucional congregó a los principales liderazgos políticos, judiciales y policiales del territorio, destacando la participación del Delegado Presidencial Regional, Cristián Palma; el Gobernador Regional (s), Carlos Recondo; la Fiscal Regional, Carmen Gloria Wittwer; y el Seremi de Seguridad Pública, Francisco Muñoz, junto a las jefaturas zonales de Carabineros, la PDI, Gendarmería, SENDA y los secretarios ministeriales de carteras estratégicas como Justicia, Vivienda, Mujer, Educación y Desarrollo Social.
Coordinación integral y enfoque en el resguardo territorial
El objetivo central del encuentro fue poner en marcha la expresión regional de esta nueva institucionalidad, revisando los primeros datos arrojados por el Diagnóstico Regional de Seguridad Pública para comenzar la planificación e identificación de prioridades de resguardo ciudadano.
El Delegado Presidencial, Cristián Palma, enfatizó que la seguridad se erige como el eje prioritario de la gestión gubernamental del Presidente José Antonio Kast:
“Esperamos que este tipo de instancias se logren articular de buena forma para tener más seguridad en nuestras poblaciones, en nuestras ciudades, en nuestros campos, para que así la gente tenga mayor libertad para realizar todos los sueños que ellos quieran realizar”, sostuvo la autoridad de Gobierno.
Por su parte, en representación del Gobierno Regional, el Administrador y Gobernador (s), Carlos Recondo, comprometió el total respaldo técnico y financiero de la corporación hacia la iniciativa:
“Hemos recibido una exposición muy clara respecto de los estamentos sobre los cuales tenemos que trabajar para prevenir, por una parte, para mantener control del territorio y para poder implementar mejores condiciones para el combate del delito. El combate a la seguridad es el principal lineamiento estratégico que definió el Gobernador”, remarcó Recondo.
Radiografía delictual a las 30 comunas de la región
La base científica y empírica de este nuevo modelo de persecución y prevención descansará en el Diagnóstico Regional, un instrumento elaborado minuciosamente a partir de cruces de datos estadísticos institucionales, mapas de georreferenciación delictual y amplios procesos de consulta sobre la percepción de inseguridad ciudadana aplicados tanto en los centros urbanos como en las localidades más apartadas.
El Seremi de Seguridad Pública, Francisco Muñoz, detalló que la ruta técnica consta de tres etapas fundamentales para aterrizar las políticas del nivel central a la realidad local:
- Levantamiento y Diagnóstico: Análisis pormenorizado del comportamiento delictual en cada uno de los 30 municipios de la Región de Los Lagos.
- Articulación de Instrumentos: Confección paralela del Plan Regional de Seguridad Pública, el Plan Regional de Prevención del Delito y un inédito Plan de Acción Rural, atendiendo las complejidades de conectividad y dispersión geográfica de nuestras provincias.
- Alianzas con Organismos Autónomos: Coordinación directa con estamentos independientes como el Gobierno Regional (Gore) y la Fiscalía Regional para agilizar el financiamiento de proyectos y la eficacia en las investigaciones penales.
La sesión desarrollada de manera paralela en las 16 regiones del país marca un precedente en la gobernanza territorial, buscando dejar atrás las decisiones centralizadas desde Santiago y dotando a las provincias de Llanquihue, Osorno, Chiloé y Palena de herramientas focalizadas y basadas en evidencia para combatir el crimen organizado, mitigar los delitos de mayor connotación social y devolver la tranquilidad a las familias del sur de Chile.
